¿Una utopía liberal?

El título de estas líneas es una pregunta. Y, aunque pueda parecer un sinsentido voy a responder a la pregunta antes de exponer sobre qué asunto me hago una pregunta tan general. Después pasaré a exponer el asunto.

La respuesta a la pregunta es no, pero sí.

No: porque desde el punto de vista económico el asunto del que voy a hablar es perfectamente viable y no es, por tanto, ninguna utopía.

Pero sí: Porque aunque es viable desde un punto de vista económico, no lo es desde la cultura socialdemócrata del estado providencia en la que estamos instalados y de la que la demagogia nos impide salir. Así es que, al final, sí, sí que es una utopía. Pero es la irracionalidad demagógica lo que convierte al asunto en utopía.

Para poner en contexto el asunto del que voy a hablar, voy a presentar a continuación algunas cifras de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, los que ahora están vigentes.  (Todos los datos están en millones de €).

Empecemos por el desglose de gastos:

Justicia	1.726
Defensa	7.576
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	7.912
Política exterior	1.522
Pensiones	139.647
Otras prestaciones económicas	13.512
Servicios Sociales y promoción social	2.408
Fomento del empleo	5.499
Desempleo	18.318
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	474
Gestión y Administración de la Seguridad Social	14.288
Sanidad	4.093
Educación	2.524
Cultura	803
Agricultura y pesca	7.413
Industria y energía	5.432
Comercio, turismo, PYME´s	875
Subvenciones al transporte	1.421
Infraestructuras	5.453
Investigación, Desarrollo e Innovación	6.503
Otras actuaciones de carácter económico	556
Alta Dirección	652
Servicios de carácter general	24.728
Administración fianciera y tributaria	1.382
Transferencias a otras administraciones públicas	48.223
Deuda pública	32.171
TOTAL	355.111

Y veamos también el de ingresos

Ingresos	No financieros	Financieros	TOTAL
Estado	132.476	2.369	134.845
Orgniamos autónomos	34.278	552	34.830
Seguridad Social	112.893	8.748	121.641
Agencias estatales	367	176	543
Otras entidades	198	34	232
TOTAL	280.212	11.879	292.091

Si restamos el total de los gastos del de los ingresos veremos que se produce un déficit de 63.020 MM de € que, con independencia de lo que puedan suponer en porcentaje sobre el PIB, indica que el estado español gasta un 22% más de lo que ingresa. ¿Alguien se imagina lo que le pasaría a una familia que se comportase así de forma sistemática?

Como se puede ver, la partida mayor de gastos es la de pensiones que sólo ella se lleva 139.647 millones de €, es decir, casi el 45% de los gastos[1]. Para ello, los ingresos de la Seguridad Social son de sólo 121.641 millones de €. Pero, además, a medida que pasen los años, con una proporción de población jubilada cada vez mayor y más longeva y con cada vez menos jóvenes, la situación se va a hacer cada vez más insostenible. Ciertamente, si en los próximos años disminuye el paro, la recaudación subirá y la situación se aliviará. Pero las matemáticas del envejecimiento son inexorables. Más allá de posibles y bienvenidos alivios coyunturales, la situación es insostenible. El recurso al aumento de los impuestos es algo muy peligroso porque todo aumento de la presión fiscal más allá de un límite supone un freno a la economía y hacer que la presión fiscal siga a la ineludible de la inversión de la pirámide de población, es un suicidio económico a medio plazo.

Por tanto, sólo queda una drástica reducción de gastos. Y, claro, toda reducción de gastos que no mire a las pensiones, está condenada a ser el chocolate del loro. Pero, al mismo tiempo, las pensiones son algo muy sensible por dos razones. La primera, de índole individual, porque son la retribución a una persona que se ha pasado toda su vida dando una parte de su salario para garantizarse su subsistencia tras su jubilación. Y la segunda, porque si una parte importante de la población, los jubilados, se queda sin unos ingresos razonables, esto se convierte en un problema social. Pero, por mucho que sea un tema crítico, ni siquiera con este tipo de temas se producen fácilmente milagros. Porque lo que ocurre es que el sistema de pensiones está viciado de raíz. Es lo que se llama un sistema de transferencias. Cuando alguien entrega una parte de su sueldo durante su vida laboral activa, ese dinero se va a pagar las pensiones de los que en ese momento están jubilados. El que lo hace lo hace con la esperanza de que cuando le llegue a él la jubilación, habrá otros que le paguen a él su pensión. Pero si esos otros son pocos, no hay nada que hacer. Este sistema funciona mientras la pirámide de la población tenga una base ancha y una cúspide estrecha. En ese caso, un gran número de trabajadores activos, con una parte relativamente pequeña de su sueldo, sostiene a una población de jubilados mucho más reducida. Pero a medida que aumenta la esperanza de vida y se deja notar, con 65 años de retraso, la disminución de trabajadores activos debido a la baja natalidad acumulada, empieza a haber cada vez menos personas activas para sostener a más personas jubiladas. En estos momentos el ratio está aproximadamente en dos trabajadores activos por cada jubilado. Es decir, con la parte de su sueldo a la que dos personas renuncian, pagan la pensión de una. Pero este ratio se hará cada vez más pequeño y llegará el día en que se invertirá. Y en algún momento de ese camino, el sistema colapsará. Sin remisión. Salvo que se produzca una multiplicación de los panes y los peces versión 2.0, cosa que no creo que ocurra. Sólo hay un sistema que funcione bajo cualquier aspecto de la pirámide de población. Un sistema de pensiones de auto ahorro. Si este sistema se hubiese empezado a implantar hace 20 o 30 años, ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. Hace tres décadas se podría hacer con facilidad un escalado más o menos del estilo siguiente:

Edad	% de su pensión garantizada por el estado
60-65 años	100%
55-60 años	87,5%
50-55 años	75%
45-50 años	62,5%
40-45 años	50%
35-40 años	37,5%
30-35años	25%
25-30 años	12,5%
Menos de 25 años	0%

Por supuesto, la parte de la pensión que el estado no garantiza se lo tendría que asegurar cada trabajador con su ahorro personal. Esto, naturalmente, es un doble esfuerzo para todos. Los más jóvenes de la pirámide tienen que aportar para la pensión de los más mayores, a los que el estado, o sea ellos, tiene que pagar casi toda su pensión, y, encima, tienen que ahorrar para el 100% de la suya. Pero la buena noticia es que tienen mucho tiempo para ahorrar ese 100%. Los de 55-60 años, sólo tienen que aportar el 12,5% de su pensión mediante su ahorro, pero la mala noticia para ellos es que tienen poco tiempo. Es decir, para unos y otros, el cambio de sistema supone un sacrificio. Pero cuando había muchos jóvenes y pocos viejos, el sacrificio era asequible. Sin embargo hoy, con pocos jóvenes y muchos viejos, el sacrificio es mucho más gravoso. La parte buena es que, a medida que pasa el tiempo y los que se van jubilando cada vez reciben menos pensión del estado, el sacrificio va en diminuendo. Pero, se perdió la oportunidad de haber empezado hace 30 años y ahora vale de muy poco lamentarse. No obstante, en algún momento hay que empezar, porque el colapso del sistema contributivo es ineludible. Lo único que no puede hacerse es practicar la política del avestruz de esconder la cabeza debajo del ala para no ver el peligro. Y eso es exactamente lo que se ha hecho en los últimos 30 años y lo que, al parecer, se quiere seguir haciendo hasta que el sistema nos estalle entre las manos. Si se llegase a aplicar un sistema así, tendría que ser obligatorio un ahorro mínimo. Porque si no se produjese ese ahorro nos encontraríamos con un problema social cuando se jubilasen los que no han ahorrado. Algo parecido a lo que ya ocurre hoy día con el seguro obligatorio del automóvil.

Naturalmente, este sistema tiene que ir acompañado de un requisito que, a mi modo de ver, es algo que una sociedad moderna y rica tiene la obligación de hacer, a saber: Que nadie, por ser realmente pobre, se quede sin una jubilación aceptable, una sanidad y educación de alta calidad y, esto para cualquier persona, un subsidio de desempleo aceptable. He elegido a propósito los adjetivos de “alta calidad” y “aceptable”. Me he negado a utilizar el adjetivo digno, porque este adjetivo, en la demagogia en que vivimos, suele ser sinónimo de inasequible.

Voy a plantear ahora la ¿utópica? situación final de un largo proceso de transición de un sistema fiscal a otro. Para ello, voy a basarme en el presupuesto de gastos y aplicar a cada uno de ellos un porcentaje que sería al que se vería reducido al final de ese proceso. Voy a tomar como base los PGE de 2017. Intentaré aclarar en cada caso por qué aplico esos porcentajes que, en cualquier caso, son sólo una aproximación discutible cuantitativamente, pero que creo que nos darán una razonable visión de conjunto. Con esto, analizaré el aspecto de esa situación final y emitiré un juicio sobre ella. Después diré algunas cosas sobre el proceso de transición. Por último, volveré a plantear la cuestión de si esto es una utopía o no.

El siguiente cuadro muestra cómo quedaría el presupuesto si se le aplicasen los porcentajes establecidos (EN millones de €)

Justicia	1.726	100%	1.726
Defensa	7.576	100%	7.576
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	7.912	100%	7.912
Política exterior	1.522	100%	1.522
Pensiones	139.647	20%	27.929
Otras prestaciones económicas	13.512	100%	13.512
Servicios Sociales y promoción social	2.408	100%	2.408
Fomento del empleo	5.499	100%	5.499
Desempleo	18.318	30%	5.495
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	474	100%	474
Gestión y Administración de la Seguridad Social	14.288	50%	7.144
Sanidad	4.093	20%	819
Educación	2.524	20%	505
Cultura	803	100%	803
Agricultura y pesca	7.413	10%	741
Industria y energía	5.432	10%	543
Comercio, turismo, PYME´s	875	50%	438
Subvenciones al transporte	1.421	10%	142
Infraestructuras	5.453	50%	2.727
Investigación, Desarrollo e Innovación	6.503	100%	6.503
Otras actuaciones de carácter económico	556	100%	556
Alta Dirección	652	100%	652
Servicios de carácter general	24.728	100%	24.728
Administración fianciera y tributaria	1.382	100%	1.382
Transferencias a otras administraciones públicas	48.223	100%	48.223
Deuda pública	32.171	20%	6.434
TOTAL	355.111		176.393

Como se puede ver, el gasto se vería reducido a 176.393 Millones de € y en relación con los ingresos, la situación cambiaría desde un déficit de 63.020 Millones de € a un superávit de 115.698 Millones de €.

Es necesario, sin embargo, explicar qué razonamiento me lleva a los porcentajes orientativos del cuadro. No explicaré el porqué de los que dejo en el 100%

Las partidas de Pensiones, Sanidad y Educación las dejo en un 20%. Dejo un 20% porque el estado deberá subvenir esas ayudas a las personas realmente pobres. En el caso de pensiones, no es que les pague la pensión, sino que les ayuda a pagar su ahorro. Creo conveniente que haya una escala de los grados de pobreza y el porcentaje de ayuda que el estado pueda dar en esos conceptos. Esa escala podría tener un aspecto del estilo siguiente:

Intervalo de renta	% de ayuda del estado en esos conceptos
Renta menor de A	100%
Renta entre A y B	75%
Renta entre B y C	50%
Renta entre C y D	25%
Renta superior a D	0%

De esta forma, nadie, por ser realmente pobre, quedaría excluido de una pensión, de la sanidad o la educación. Desde luego, una parte o todas estas prestaciones las tendrán que pagar de su bolsillo, o mediante un sistema de seguros médicos, los ciudadanos con más renta. Podría pensarse que esto es injusto para ellos, pero no es así, porque, como luego se verá, esta aparente desventaja quedará superada con creces por una mucho mejor fiscalidad. Además, en la actualidad ya hay muchas personas de alta renta que ya paga, además de sus impuestos, un seguro médico, o una educación privada para sus hijs o que ahorra a través de un plan de pensiones. Por otro lado, una fuente adicional de ahorro provendrá de la privatización del servicio sanitario y de educación, obteniendo así una mayor eficiencia en el gasto.

He puesto un 30% en el gasto en desempleo, no porque esté pensando en rebajar el subsidio, sino porque, como también se verá más adelante, con este sistema el paro se vería reducido al mínimo estructural que puede ser alrededor de un 5%, es decir, más o menos la tercera parte de lo que hoy tenemos.

El gasto en Gestión y Administración de la Seguridad Social lo he puesto en el 50%, dado que una gran parte de esa gestión dejará de correr a cargo del estado.

Las subvenciones a Agricultura y Pesca, Industria y energía y Subvenciones al transporte, las he reducido al 10% porque soy contrario a cualquier tipo de subvención, salvo casos muy excepcionales. Una subvención sectorial es una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Responde a que algún burócrata decide que un sector merece una ayuda del estado a costa de perjudicar a otros, ya que el dinero del estado proviene, en último término del bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Por qué el sector de supermercados, por ejemplo, debe subvencionar a la pesca? ¿Por qué un cajero de Mercadona tiene que subvencionar a un pescador de Bermeo?  ¿Porque un burócrata decida que el primero es menos merecedor de ayuda que el segundo? ¿En base a qué criterio? ¿Quién es ese burócrata para decidir premiar a unos a costa de castigar a otros? Este tipo de subvenciones, además de ser injustas, acarrean que aparezcan grupos de presión sectoriales para obtener ventajas y, en última instancia, tienden a generar corrupción. He dejado, a pesar de lo anterior, en el 50% la partida de Comercio, turismo, PYME’s, precisamente, por las PYME’s. Bueno, no por las PYME´s, sino para ayudar al emprendimiento, que sí me parece que lo merece.

He reducido al 50% el concepto de infraestructuras porque entiendo que es perfectamente posible y deseable avanzar hacia un modelo de infraestructuras con un alto porcentaje de componente privado.

Por último, he puesto un 20% en la deuda, porque entiendo que en el proceso de llegar a esta situación final, los superávits deberían disminuir la monstruosa deuda pública que ahora tenemos.

Como he dicho anteriormente, estos porcentajes son sólo una aproximación. Pero sólo poniendo algunas cifras, aunque sean sólo orientativas, se puede llegar a tener una visión de conjunto.

Por supuesto, el objetivo final no es tener un superávit, sino adelgazar el estado para que pase de ser el monstruo Jubba de la Guerra de las Galaxias a un estado delgado, en forma y atlético. Y, una vez adelgazado, necesitará recaudar menos impuestos para mantenerse. Para adentrarnos en este punto, nos va a ayudar conocer la distribución de la recaudación fiscal entre los distintos tipos de impuestos. Esto puede verse en el siguiente cuadro:

IRPF	78.027
IRPF No Residentes	2.213
Impuesto de Sociedades	24.399
Resto Impuestos Directos	1.979
IVA	67.463
Impuestos Especiales	20.770
Resto Impuestos Indirectos	3.669
Otros impuestos	2.444
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	200.964

Además de estos ingresos tributarios, está la recaudación de la Seguridad Social que, como se ha visto más arriba, en el cuadro de ingresos de los PGE de 2017, asciende, en su parte no financiera  a 112.893 Millones de €. Esto proviene de lo que la SS recauda de empresas y trabajadores. De una manera aproximada, porque el dato depende de muchos factores, es conveniente recordar que esta recaudación hace que de lo que para un empresario supone un coste de sueldos y salarios de 100, sólo 65 entran en el bolsillo del trabajador[2]. Me voy a centrar únicamente en los cuatro impuestos más importantes: IRPF, tanto de residentes como de no residentes, Sociedades, IVA y Seguridad Social. Técnicamente a este ingreso no se considera como un impuesto pero, de facto, lo es.

La recaudación de estos impuestos, según los PGE de 2017, ascendían a 284.995 Millones de €. Por lo tanto, si el superávit de 115.698 Millones de € se aplicase íntegramente a reducir estos impuestos, se les podría aplicar, a cada uno de ellos, una reducción del 41%.

Esta reducción del 41% en las retenciones practicadas por la Seguridad Social a trabajadores y empresas haría que los 65€ que recibía el trabajador por cada 100€ de coste para la empresa, se convirtiesen en 79€, es decir, con el mismo coste para la empresa de contratar a un trabajador, éste recibiría un 22% más. Naturalmente estos 14€ de ganancia se podrían repartir entre que los ganase de más el trabajador o supusiese un menor coste para la empresa. En cualquier caso, su efecto beneficioso para la economía sería muy importante. La parte que fuese para el trabajador aumentaría la renta de éste, lo que redundaría en un mayor consumo, lo que significaría mayores ventas para las empresas, mayor necesidad de producción y de inversión y creación de más puestos de trabajo. La parte que fuese para la empresa disminuiría el coste de contratación, por lo que crearía mayor demanda de trabajo, es decir, más puestos de trabajo, aumentaría su beneficio, lo que se traduciría en mayor inversión, mayores dividendos, o sea mayores ingresos para los accionistas y, otra vez, más consumo.

La reducción del 41% de la recaudación del IVA permitiría bajar el tipo de este impuesto del 21% al 12,5%, lo que supondría un potencial de bajada de los precios del 7%. Otra vez más, esta bajada potencial de los precios se repartiría entre el consumidor y la empresa, con los mismos efectos beneficiosos en la economía que los explicados en el párrafo anterior.

Ese 41%, si lo pensamos en el IRPF, se traduciría en que para una persona que tuviese un tipo impositivo de, por ejemplo, un 30%, su tipo podría bajar al 17,8%, lo que aumentaría su renta disponible un 17,4%, con el impacto positivo en la economía expresado anteriormente. Esto permitiría replantearse el principio de la progresividad de los tipos impositivos, de por sí injusta, pero que, en este caso, lo sería doblemente, ya que las personas de alta renta no tendrían ayudas del estado ni en su ahorro para la jubilación ni en el pago de sanidad o educación. Por tanto, dado que actualmente los tipos impositivos son mucho más altos para las rentas altas, al igualarse estos, las desventajas anteriores se verían compensadas.

Por último, ese 41% considerado sobre el Impuesto de Sociedades, produciría una bajada del tipo impositivo desde el 25% al 14,85%, lo que potencialmente aumentaría el beneficio después de impuestos de las empresas en un 13,5%. Este aumento potencial del beneficio se repartiría entre los beneficios de la empresa, una bajada de precios para el consumidor o un aumento de los sueldos. A través de cualquiera de estos caminos se ha analizado ya el potencial beneficio para la economía.

Pero, dando otra vuelta de tuerca, si la economía creciese de forma sustancial, como lo haría por todas esas razones, se podría recaudar lo mismo con tipos impositivos más bajos todavía en cualesquiera de los impuestos anteriores, produciéndose así un efecto positivo adicional. Esto no es el cuento de la lechera, es economía en estado puro.

Éste sería el resultado final de un largo proceso. No obstante, para lograr cualquier objetivo a largo plazo, hay que empezar a currárselo desde el principio y mantener el esfuerzo y la vista puesta en la meta durante todo el camino. Entonces, ¿cómo empezar? Pues no hay otra manera de empezar que reformando el sistema de pensiones como se ha dicho anteriormente. Si esto se hubiese empezado hace 30 años, el sacrificio hubiese sido menor, como se ha dicho antes. Ahora el sacrificio sería mucho mayor. Pero no hay alternativa. Si no se hace, la bomba de relojería de las pensiones nos estallará en las manos con consecuencias terribles. Pero, ¿se hará? Me caben muy pocas dudas de que no se hará. Y, por tanto, ha llegado el momento de preguntarse si todo esto no pasa de ser una utopía. Y copio textualmente lo que dije al empezar:

“La respuesta a la pregunta es no, pero sí.

No: porque desde el punto de vista económico el asunto del que voy a hablar es perfectamente viable y no es, por tanto, ninguna utopía.

Pero sí. Porque aunque es viable desde un punto de vista económico, no lo es desde la cultura socialdemócrata del estado providencia en la que estamos instalados y de la que la demagogia nos impide salir. Así es que, al final, sí, sí que es una utopía. Pero es la irracionalidad demagógica lo que convierte al asunto en utopía”.

Y eso es lo lamentable. Que siendo algo absolutamente necesario, no se hará. Porque en España no hay partidos liberales. Ni uno, aunque tanto el PP como C´s proclamen que lo son. Ningún partido tiene claro qué es eso de ser liberal y, si lo tuviesen, tampoco lo serían porque, ante la demagogia imperante, el partido que lo fuese, perdería las elecciones. A base de socialdemocracia y estado providencia, hemos construido una sociedad ciega e inmadura que prefiere estrellarse mañana antes que poner un remedio incómodo hoy. Y para llevar a cabo el proceso descrito, habría que empezar YA y mantener el esfuerzo durante, digamos, 20 años. Y para mantener este esfuerzo haría falta una mayoría liberal en el Congreso durante ese tiempo. Cosa que es imposible. Círculo cerrado.

Acabo con una reflexión que tengo para mí como muy cierta. Gramsci sabía muy bien cómo ganar la guerra ideológica tras darse cuenta de que el comunismo tenía perdida sin remisión la económica. Y esto lo supo en los años 30 del siglo pasado. No se puede ser más clarividente. Se trataba de cegar el buen criterio de la gente sobre cómo gestionar la economía en occidente. ¿Y la forma de hacerlo? Creando ciudadanos irresponsables mediante el desarrollo de la socialdemocracia. Ésta se encargaría de desarrollar un estado supuestamente del bienestar y falsamente providente. Se apoyaría en una opinión pública buenista que crease esa conciencia de forma difusa en la sociedad. Había que ganar para la causa de ese buenismo a la prensa, la educación, la cultura, etc. Nada de educar en el comunismo. Basta con hacerlo en el buenismo y salpimentado con demagogia. Crear una sociedad que idiotizase a los ciudadanos haciéndoles pensar que su futuro estaba resuelto entregando su buen criterio a ese estado, y convirtiéndolos así en carne de matadero. Y aquí estamos, convirtiendo en utopía irrealizable lo único que podría hacer que el desarrollo económico fuese imparable. Y la izquierda radical frotándose las manos esperando que se den lo que ellos llaman “las condiciones objetivas” para el asalto revolucionario. Y esa idiotización no se ha reducido sólo al aspecto económico, sino que ha invadido el campo moral y religioso. Y aquí estamos, metiendo en casa el caballo de Troya. Parafraseando a Virgilio cuando hablaba de este caballo en la Eneida: Temo a los gramscianos, sobre todo cuando traen regalos. ¡Ah! y dejo constancia de que esta reflexión la he oído con mis propios oídos de los gramscianos, cuando yo era un comunista ingenuo.

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[1] En el proyecto de ley de presupuestos de 2018, el gasto en pensiones ha subido a 144.834 Millones de €.

[2] En realidad al trabajador le entra menos dinero en el bolsillo, porque además se le practica una retención como impuesto a cuenta del IRPF. Pero no lo he considerado en esa diferencia porque, a fin de cuentas, eso que se le retiene en el momento en el que se le paga el sueldo, se le descuenta en los impuestos que tendrá que pagar en junio del año siguiente. Esto no ocurre con lo que se detrae por Seguridad Social que jamás retorna al trabajador.