3 de marzo de 2013

¡Ojito con el Estado!


Tomás Alfaro Drake

Vivimos en un mundo en el que mucha gente considera que la intervención del Estado en la economía es una cosa buena. Esta mentalidad, resto fósil del éxito ideológico –que no económico, ya que fue un estrepitoso fracaso– del marxismo parte de la premisa de que el Estado es omnisciente, bueno, benéfico, y de recursos ilimitados. Aunque la experiencia demuestra hasta la saciedad que estas premisas son falsas, mucha gente sigue creyéndolo, porque no hay nada más difícil de erradicar que las secuelas de una ideología, por muchas pruebas empíricas que haya de su falsedad. El objetivo de estas líneas es mostrar cómo la intervención del Estado es, casi en la totalidad de los casos, perjudicial para la economía.

El Estado, por sí mismo, no tiene nada. Todo lo que quiera gastarse lo tiene que obtener de los contribuyentes. (Ciertamente, puede también endeudarse, pero las consecuencias de esto son todavía peores, como luego veremos). Todavía recuerdo mi primera lectura de economía, el Samuelson, allá por los años 70’s del siglo pasado. Allí se decía que el dinero que tienen los ciudadanos de un país es como sus votos. Cada dólar (no en vano Paul Samuelson era americano) es un voto y los ciudadanos votan con su dinero qué quieren que se produzca. Esta idea de la votación es una imagen sencilla a la que, a buen seguro, se le podrían añadir muchas puntualizaciones, pero me sigue pareciendo una excelente imagen. De esta forma, el sistema productivo decide qué fabricar de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos expresadas con sus votos monetarios. La riqueza, en un sentido amplio, es la satisfacción que éstos obtienen con lo que compran y consumen. Por tanto, este sistema de votación maximiza la riqueza, ya que los ciudadanos votan con su dinero por aquello que más apetecen. Conviene fijarse en varias cosas de esta visión de la riqueza. La primera, que en el componente de la satisfacción pueden entrar elementos no estrictamente monetarios, sino de muy diversa índole: culturales, emocionales y hasta espirituales, si bien, la gente, a la hora de comprar algo, siempre lo transforma al dinero que estaría dispuesto a pagar por ello y decide sobre esta base. La segunda, que la riqueza es mayor que lo que la gente paga por obtener un determinado producto o servicio. Hay muchas cosas que compramos en circunstancias normales y que seguiríamos comprando aunque fuesen más caras. De hecho, el precio se forma por lo que está dispuesto a pagar el comprador que menos apetencia tiene por el producto, dada la cantidad disponible de él. La tercera, corolario de la segunda, es que la diferencia entre el precio que cada persona paga por lo que compra y lo que estaría dispuesto a pagar, es una riqueza que no es contabilizable pero que no por ello es menos real y puede ser significativamente mayor que la contabilizable (ver gráfico más abajo).





Ahora bien, cuando el Estado decide gastar dinero en algo, lo decide con sus propios criterios, que, a buen seguro, no son los mismos que los de sus ciudadanos. Por tanto, el dinero que se gasta el Estado, produce en los ciudadanos menos satisfacción que la que produciría si se lo gastasen ellos en lo que quisieran. Pero, como hemos visto antes, el Estado tiene que obtener ese dinero, previamente, de sus ciudadanos y, por lo tanto, lo que él se gasta de más, se lo gastan éstos de menos. Esto, además de tener un efecto negativo en la generación de riqueza, lanza al mercado señales erróneas de qué producir y en qué invertir.

Ciertamente, en una sociedad se puede producir una gran desigualdad de rentas que haga que unos ciudadanos tengan muchísimos más votos monetarios que oros. Hay quien opina que es función del Estado velar porque no se produzcan desigualdades de rentas demasiado grandes. Ciertamente, en una sociedad avanzada suele ser voluntad de la mayoría de los ciudadanos que el Estado evite situaciones de necesidad límite para los ciudadanos más desfavorecidos. Pero es dudoso que esto sea una carta en blanco que le autorice a atribuirse el papel de definir cuál es la distribución de la renta óptima. Sin embargo, parece que, de una manera tácita e inconsciente, se da por hecho, o el Estado se ha tomado como un hecho, que es función suya definir cuál pueda ser la distribución de la renta adecuada y poner los medios para conseguirla. Esto lo hace a través de la creación de un impuesto progresivo sobre la renta. A los que más ganan se les grava con un porcentaje mayor sobre su renta que a los que menos ganan. Pero a ningún Estado se le ocurre que ese dinero con el que grava las rentas altas se utilice para dárselo a las rentas más bajas. Si se hiciese así, se distorsionaría el mercado original –el anterior a la redistribución– pero, a fin de cuentas, se produciría lo que los ciudadanos, tras la redistribución de la renta, decidiesen con su votación dineraria. Pero no, lo que hace el Estado es decidir por sí mismo qué servicios públicos, gratuitos o subvencionados, dar a sus ciudadanos, es decir, quitan votos a los ciudadanos –más a los de más renta, pero a todos en general– no para dárselos a los de menos renta, sino para dárselos a sí mismo. Esto distorsiona el mercado y las decisiones de producción y de inversión mucho más allá de lo que lo haría la mera redistribución de la renta en el sentido primero. Conviene decir que cuanto más igualitaria sea la distribución de la renta que pretenda lograr el Estado por su cuenta, menor será el incentivo que tengan los ciudadanos para esforzarse y crear riqueza. En un caso extremo, un Estado que se propusiese y lograse una distribución absolutamente igualitaria de la renta, sería un Estado de vagos en los que no se crearía ninguna riqueza y el resultado sería la igualdad en la miseria. Así que, tal vez lo mejor sea que el Estado se limite, como se ha dicho antes a evitar situaciones de necesidad límite para los ciudadanos más desfavorecidos, olvidándose de implantar políticas de redistribución de la renta.

No me cabe duda de que hay cosas que son buenas para un país a largo plazo –siempre que el gasto en estas cosas no sea abusivo y desproporcionado– pero a las que es poco probable que los ciudadanos diesen sus votos pecuniarios a corto plazo. Algunos ejemplos de estas cosas serían: el acceso de todos a la educación, a la sanidad, la creación de una red de infraestructuras, la policía que garantice el orden, el ejército que garantice la seguridad nacional  y, tal vez algunas cosas más. Un país sin estas cosas en un nivel razonable, probablemente perdiese oportunidades futuras de crecimiento. Y como no es probable que los ciudadanos votasen monetariamente por ellas, ya que son de uso público, parece que podría justificarse que el Estado detrajese rentas a los ciudadanos para gastarlas él en eso. Por tanto, si ese fuese el proceder del Estado, habría que convenir en que sería bueno. Pero no suele ser éste su comportamiento. En primer lugar porque aún un administrador que no cayese en esos excesos, a buen seguro se equivocará en la decisión de qué cosas son aquellas en las que resulta ventajosa la intervención del Estado. Porque los bienes que se producen según el mercado, se hacen en múltiples unidades productivas que pagan los errores con su desaparición. No es que el mercado no se equivoque sino que cuando se equivoca, las unidades productivas excedentarias, las que peor lo hacen, desaparecen, por lo que se produce una corrección del error. Pero no hay tal mecanismo para el error del probo administrador, por lo que los errores se perpetúan y la creación de riqueza se resiente notablemente.

Pero existe en los administradores, incluso dando por sentada su honestidad, una tendencia a sobredimensionar las cosas que puede ser conveniente que pague  el Estado. Que una ciudad pequeña tenga un aeropuerto, que la educación sea gratuita incluso para quien no la aprovecha, que se paguen operaciones costosísimas a ciudadanos de otros países que no residen ni trabajan en el propio, que haya una autopista entre Villabuena de arriba y Villabuena de abajo, etc., son excesos en los que cae casi siempre el Estado y que no crean ninguna riqueza adicional con los votos que restan al ciudadano. Y este sobredimensionamiento se produce, simplemente porque el que administra el dinero, aunque lo haga honradamente, se siente más importante cuanto más tiene para administrar y crea, perpetúa e hipertrofia los ámbitos de actuación del aparato estatal. Y esto tiene una añadida repercusión negativa en la creación de riqueza.

Los problemas para la creación de riqueza se acentúan si sobre lo anterior –es decir, la dificultad de decidir sobre lo que verdaderamente crea más riqueza a largo plazo que la que crearían los ciudadanos con sus votos monetarios, más la tendencia natural a inflar la cantidad de dinero administrada por el propio Estado–, se añade la corrupción en sus más diversos grados. Cuando el administrador de los bienes públicos decide gastar más en cosas que le benefician política o económicamente a él o a su partido, el efecto de esto en la creación de riqueza es devastador. Y parece evidente que este tipo de comportamientos abundan más de la cuenta.

Alguien podría pensar –y de hecho no sólo se ha pensado, sino que se ha hecho hasta límites increíbles– que el problema de tomar el dinero de los ciudadanos, quitándoles votos económicos, y gastarlo de otra forma a través del Estado, podría obviarse si en vez de tomar ese dinero de la renta de los ciudadanos, se toma de sus ahorros, a préstamo. El dinero que un ciudadano ahorra no es dinero que se emplee para votar, piensan. Por tanto, si lo invierte en algún tipo de deuda del Estado, no sale del circuito de decisión de cada ciudadano, no disminuye la riqueza y el Estado, al gastarlo, sí que la aumenta, aunque no sea de forma óptima. ¡Bingo! Este pensamiento no sólo es erróneo donde los haya, sino altamente peligroso y más injusto todavía que peligroso.

Peligroso porque lo que hoy se toma prestado, mañana hay que devolverlo. Pequeño detalle que se ha olvidado durante décadas en las que se pensaba que no, que para el Estado el dinero llovía del cielo. Injusto, porque esa deuda que se toma hoy y que, supuestamente, no quita votos monetarios de la circulación porque de todas maneras se iban a guardar en un cajón, tendrá que pagarla la siguiente generación. Pan para nosotros hoy y hambre para nuestros hijos mañana. Bastante injusto, ¿no? Por último, erróneo, porque el dinero que se ahorra hoy, salvo que se meta debajo de un colchón, no va a un cajón, sino que se convierte de votos en lubricante. Me explico. Si yo ahorro dinero, se lo prestaré a un banco, que a su vez se lo prestará a una empresa o a un particular, o lo invertiré en un fondo de inversión, que compra bonos o acciones de empresas o compraré directamente yo esos bonos o acciones. En definitiva, ese dinero sirve para que las empresas funcionen y produzcan aquello que se les pida con los votos monetarios. Además, el que decide a qué empresas va, es también el mercado, o sea cada inversor, que paga de su bolsillo los errores que comete y aprende de ellos, no el Estado que ni paga de su bolsillo los errores ni aprende de ellos.

Así pues, controlemos muy de cerca que el Estado sea lo más pequeño posible. Que haga estrictamente las pocas cosas que son necesarias para el desarrollo a largo plazo del país y que no se harían con los votos monetarios del ciudadano. Que no se embarque en experimentos sociales de redistribución de la renta que puedan acabar en miseriaY, en caso de duda, que se abstenga. ¿A qué compararé el Estado? A dos cosas.

Primera: Imaginémonos que vivimos en una casa con jardín en un país con una alta inseguridad ciudadana. No cabe duda de que es una buena cosa tener un perro guardián rondando. Pero debemos tener cuidado, porque si el perro se vuelve demasiado fiero, es posible que nos acorrale en casa sin dejarnos salir de ella ni siquiera al jardín, convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Algo parecido puede pasar con el Estado.

Segunda: Las grandes fortunas suelen tener alguien que les administre su patrimonio, cobrándoles un cierto fee por ello. Pero si no tenemos cuidado con él y no le controlamos muy de cerca, puede ser que invierta nuestro dinero en actividades ruinosas para nosotros mientras él se lleva él un porcentaje muy importante del capital administrado. También algo así puede pasar con el Estado.

Así que… ojito con él.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo.
Además del Samuelson que citas, también me tragué a Lipsey, pero en el fondo nunca aprendí nada sustancioso de ellos. Quizá este post es mucho más efectivo que los dos tochos que, a mi juicio, sirven para bien poco.
En buena parte estoy, por tanto, con Friedman, del que fui un vigoroso fan, en cuanto a la disminución del Estado a lo mínimo, como apuntas.
El derecho a decidir es un engaño, sólo se decide lo que interesa a los políticos, veáse como se defiende "democráticamente" por ellos, el referendúm pro soberanismo de Cataluña, pero no se decide por referendúm las aplicaciones del gasto público, tampoco si hay que adelgazar el la ADmón del Estado, y tampoco p. ej. si hay que suprimir el Senado o las subvenciones a Partidos, Sindicatos u Org. Empresariales, y asi sucesivamente.
El Estado se ha convertido en el devorador de sus súbditos.

Anónimo dijo...

No firmé el post anterior, soy Juan. Abrazos.

Anónimo dijo...

De acuerdo con su argumento.
En España tenemos montado el parque temático socialista y como se está viendo es en gran parte insostenible. Todo deuda pública...

Ignacio de la Torre (IE) de forma muy certera, en uno de sus últimos artículos de El Confidencial decía certeramente: "Herodoto, en sus “Historias” cuenta que los persas educaban a sus hijos en dos máximas: primera, nunca mentir; segunda, nunca incurrir en deudas, porque el que lo hace, acaba mintiendo.

El razonamiento económico y sociológico que subyace a la progresiva desaparición del socialismo en Occidente es profundo pero inexorable y está muy ligado a las máximas expuestas de Herodoto. Los postulados socialistas se basan desde mi óptica en el triple concepto de un incremento del peso del sector público como porcentaje del PIB, una elevada intervención del poder público en la regulación sobre cómo los individuos deben interactuar, bajo la falsa premisa de que el gobernante es más inteligente que el gobernado, y la financiación de dicha acción política con endeudamiento público."