Una ciudadanía consentida

No hay nada peor para unos padres y para la sociedad que un niño consentido. Porque a los padres, este niño les amarga la vida y, a la sociedad, cuando el niño crezca y se haga adulto, no sólo no le aportará nada, sino que será para ella como una piedra en el zapato del caminante. Es evidente que los padres tienen buena parte de la culpa de tener en casa al monstruo de un niño consentido, pero también lo es que hay hoy día un ambiente social ubicuo que incita a los niños a exigir ese consentimiento y a los padres a consentirles todo.

Un niño consentido, sacará partido de las divisiones de los padres e, incluso, tratará de crearlas o ensancharlas. Y los padres consentidores competirán en ver quién se gana más al niño a base de “no quitarles capricho”. Es más fácil ganarse el falso e inmediato cariño de un niño a base de consentirle, que ganarse el auténtico y duradero a base de educarle y aplicar a tiempo el “quien bien te quiere te hará llorar”. Es más fácil, pero tiene unas consecuencias terribles. Es un criadero de personas incapaces de ejercer su responsabilidad. El niño consentido, por ejemplo, cuando el padre o la madre se van al paro y dicen que hay que apretarse el cinturón, protestará airadamente, tendrá berrinches y pataletas, y considerará a sus padres lo peor de lo peor. Sólo unos padres firmes y unidos en un consenso de educación pueden evitar este chantaje del niño que va camino de ser un malcriado.

Pero no es de niños malcriados de lo que quiero hablar, sino de una ciudadanía consentida. No hay nada peor para un país, que tener una ciudadanía consentida. Una ciudadanía consentida es un mal para un país. Y si los políticos de una democracia, que como decía Churchill es el mejor de los sistemas de gobierno una vez descartados todos los demás, no se andan con ojo, la acaban creando. Creo que esto ha pasado en algunos países de Europa y, particularmente, en España. Para ganarse el favor de los ciudadanos, es decir, su voto, los políticos han llegado a ser capaces de todo. De crear un Estado de las Autonomías aberrante, de crear un estado del bienestar disparatado. Siempre he dicho que es necesaria una sana y moderada intervención del Estado para lograr una también sana y moderada redistribución de la renta y para cubrir las necesidades básicas de los más indefensos de la sociedad. Eso es un sano y moderado Estado del bienestar. Pero de ahí a la locura impagable de lo que tenemos hay una abismo. Abismo en el que hemos caído. Porque la brecha entre lo que el Estado puede recaudar por impuestos sin dañar la economía y lo que gasta en el disparate creado, es un abismo que hemos querido salvar con un tablón de deuda que no llega ya de un lado al otro. Y, claro, estamos cayendo en él.

Y todo esto se ha creado para tener contento al ciudadano sin hacerle saber que estábamos creando una hidra de diecisiete cabezas, algunas de las cuales iban a ser irresponsablemente usadas para desmembrar España y todas para desangrarla económicamente. Nadie le ha contado al ciudadano que estábamos gastando mucho más de lo que podíamos, de una forma insostenible. Nadie le ha dicho al ciudadano que el crédito tenía que tener un precio alto, porque si no se primaban conductas irresponsables de endeudamiento. Nunca se le ha dicho al ciudadano que esos proyectos faraónicos e inútiles, se pagaban con un dinero que el Estado no tenía o con sus depósitos en las maravillosas e idílicas entidades de financieras sin ánimo de lucro llamadas Cajas de Ahorro. Simplemente, los políticos les daban todo, no fuese a ser que no votasen a su partido. Además, de algunas de estas “alegrías” salían también prebendas y sinecuras para la casta política y su clientela. Y esas lluvias –de Autonomías, de Estado del bienestar, de dinero barato y de Cajas de Ahorro– han traído estos lodos.

Como muestra, un botón, pondré el ejemplo del déficit de tarifa de las compañías eléctricas, que ahora llena los periódicos. En vez de decirle al ciudadano que la electricidad tenía que tener un precio que cubriese sus costes, el Estado, que fijaba el precio de la misma, ha obligado a las eléctricas, desde hace bastantes años, a vender la electricidad por debajo de su coste. Eso sí, con la promesa de que, un día, le permitiría recobrar esa diferencia a través de una subida de precios que no sólo cubriese la diferencia, sino que permitiese absorber lo que la diferencia desfavorable había acumulado. Y así se ha llegado a un déficit de tarifa de más de 20.000 millones de Euros. Déficit que no debería haberse producido nunca si los ciudadanos hubiesen hecho lo que hay que hacer, pagar por las cosas lo que valen, en vez de que los gobernantes se asustasen de su descontento si se hacía así. Por supuesto, mientras se esperaba a que llegase el momento de recuperar ese déficit, las eléctricas tenían que cubrir las necesidades de fondos que les producía semejante drenaje. Y lo hacían con deuda. Ningún problema, les dijo el Estado, emitid deuda contra esa déficit que os he hecho crear y que se os debe. Y hacedlo con la garantía del Estado. En términos técnicos, titulizad esa deuda emitiendo bonos u obligaciones con la garantía del Estado. Y así se hizo. Por si fuera poco, los políticos tenían que apoyar el ecologismo progre –otra vez más, estoy a favor de un sano y moderado ecologismo– y fomentar el que se produjese energía solar y eólica, mucho más costosa que cualquier otra. ¡Qué bonito es dar a la gente lo que pide! Nada más fácil. Con el dinero “ilimitado” del Estado, vamos a subvencionar la energía eólica y solar. Y con esta subvención las empresas se lanzan a hacer huertos solares y parques eólicos. Por si fuera poco, mientras nuestros países vecinos hacían centrales nucleares para producir energía barata, nuestros gobernantes la proscribían, empujados por un “clamor” popular inflado por la propaganda progre. Y, claro, esta ficción tenía que llegar a su fin. Pero, justo ahora, en plena crisis, ¿cómo le vamos a decir al ciudadano que pague el coste de la energía más todo lo que debía haber pagado y no ha pagado durante años, es decir esos veintitantos mil millones de Euros? ¿Cómo se va a seguir subvencionando esa energía verde tan bonita? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie. La solución es fácil. Pongamos un impuesto extra a las compañías de energía para que ellas mismas se paguen lo que el Estado les había dicho que iban a acabar cobrando más adelante. Cerremos el grifo de las subvenciones a las energías verdes y, quienes invirtieron en ello, que les den. Esto es atentar directamente contra la seguridad jurídica por miedo a la pataleta de una ciudadanía malcriada a la que nadie le ha dicho que hay que pagar lo que cuestan las cosas y que esa energía verde tan bonita era disparatadamente cara. Pero, ciertamente, las compañías eléctricas deberían haber conocido una máxima de los negocios. No pongas en marcha un negocio que no es rentable por sí mismo por mucho que con las subvenciones del Estado lo sea. Tal vez ahora lo hayan aprendido.

Y, al llegar la hora de pagar todas estas facturas creadas para tener contenta a la ciudadanía consentida, ésta ha reaccionado con ira. Ira que tiene, en parte razón de ser. Primero, porque, como ocurre con los niños malcriados, la culpa de serlo no la tienen sólo ellos, sino que la comparten con los padres, la ciudadanía malcriada no tiene toda la culpa de serlo, la comparte con sus gobernantes y clase política. Y, segundo, porque, en cambio, la carga de esa puesta al día de los disparates pasados, no la toca ni con el dedo meñique esa casta política. No se ven, entre los recortes, ninguno que diga que se van a devolver competencias de las autonomías al gobierno central para ahorrar. Ni que se vayan a eliminar autonomías absolutamente inauditas como Cantabria, Asturias, la Rioja o Murcia, por citar algunas. Ni que se vayan a eliminar un enorme número de ayuntamientos que no tienen la más mínima razón de ser. No se ven estas medidas, ni creo que se vean, porque irían, directamente, bajo la línea de flotación de los aparatos de recompensa y pago de favores recibidos que tienen todos los partidos políticos. Y ¡hasta ahí podían llegar las cosas! Porque se ha producido una identificación totalmente falsa entre los aparatos de los partidos y la democracia.

Cuando los gobernantes, sean del color que sean, han creado una ciudadanía consentida, han evitado que aparezca una cosa que es como la columna vertebral de la democracia. Una sociedad civil responsable y fuerte. Pero esto es precisamente lo que a los políticos no les gusta que haya. Porque una sociedad civil fuerte y seria sería como la voz inacallable de la conciencia de una ciudadanía responsable y, la casta política prefiere mil veces una ciudadanía malcriada a una sociedad civil fuerte que vertebre a la sociedad. Pero eso tiene un peligro terrible para la democracia y para la riqueza de las naciones. Puede degenerar en un cáncer que acabe con un país y lo condene al ostracismo y la pobreza durante siglos. Ese cáncer se llama populismo. Cuando el populismo se adueña de un país, es difícil que éste no degenere hasta convertirse en uno pobre y disparatado que sea un grano en el culo para los países con una ciudadanía responsable. Y como son estos países, los responsables, los que acaban cortando el bacalao y marcando las reglas del juego político, los populistas con una ciudadanía consentida se acaban convirtiendo en países de segunda que bailan al son que les tocan los otros. Y eso, lejos de ser una injusticia, contra la que clama la ciudadanía malcriada de los países populistas, es de una justicia incontestable. Creo que España no ha traspasado todavía la delgada línea roja de separación, pero tiene un pie sobre ella y está a punto de dar el paso decisivo. Veamos.