¿De quién son los hijos?

Este gobierno ha iniciado –o, más bien, ha recrudecido– la guerra para lograr el control ideológico de las mentes a través del adoctrinamiento. Recientemente se ha iniciado una batalla importante en esta guerra. Empezó hace unos meses cuando en la CCAA de Murcia se implantó el llamado “pin parental” que permite a los padres vetar que se adoctrine a sus hijos en la ideología LGTBI –y suma u sigue de siglas–. Parece que Madrid y Andalucía, van a intentar seguir esa misma vía. Por supuesto, esto es algo que la izquierda totalitaria disfrazada no puede permitir y su virulenta reacción no se ha dejado esperar. El siguiente movimiento de la batalla, lo ha lanzado la ministra de educación, Isabel Celaá, avisando de que llevará a los tribunales el pin parental. La frase que más ha llamado la atención es la de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Por supuesto, la cosa es mucho más profunda pero, antes de seguir conviene detenerse antes sobre esta frase.

Es evidente que los hijos no pertenecen a los padres. Ningún ser humano pertenece a ningún otro, pero mucho menos al estado. La época de la esclavitud ya ha terminado pero si sometemos a los niños al rodillo ideológico del estado, tal vez no haya esclavitud, pero sí un totalitarismo de las conciencias que, por supuesto, se traducirá en un totalitarismo político. Las palabras de la ministra son mucho más sutiles y más maquiavélicas de lo que puedan parecer. Es evidente que un padre no puede decidir por su hijo que no vaya a ninguna escuela, ni que no aprenda matemáticas, ciencias, lengua o historia. Pero sí que puede decidir, hasta que su hijo sea mayor, que educación ética, religiosa o filosófica quiere para él. Esto se llama, simplemente, LIBERTAD. El estado puede y debe asegurarse que en aquellas cosas que no forman parte del espacio de la libertad de enseñanza, la formación sea igual para todos. Sólo hay un teorema de Pitágoras, sólo hay una ley de la gravedad, no se puede enseñar que no existen los adjetivos o que no existió el holocausto. Son cosas objetivas e incontrovertibles. Pero los padres sí pueden, deben y tienen la obligación –y el derecho– de decidir sobre multitud de cosas sobre las que no hay nada incontrovertible. Y en esa multitud de cosas entran la ética y la religión. Por supuesto, también en estas cosas hay un límite. Nadie puede enseñar una ética en la que matar a un ser humano sea algo bueno –cosa que se hace con el aborto–, ni una religión que dijese que robar es bueno. Pero, salvadas estas aberraciones, los padres, hasta que sus hijos sean mayores, tienen derecho sobre cómo quieren educar a sus hijos en estas cuestiones. Y tienen ese derecho en nombre de la libertad. Y lo tienen aunque tal vez puedan equivocarse. Porque la libertad asegura que las equivocaciones sean individuales y no manipuladas desde el omnímodo poder del estado. La libertad es el único antídoto contra la dictadura. La ministra, maquiavélicamente, ha llevado el foco de atención a una frase, que puede ser defendible para la educación en cuestiones incontrovertibles, para desviar el foco del auténtico fondo de su mensaje. La izquierda quiere acabar con la libertad.

La ministra ha avisado que llevará la cuestión a los tribunales. Y mezcla este aviso con afirmaciones falsas que quiere hacer pasar por verdaderas. Afirma que el pin parental socava el derecho de los niños a ser educados, que censura la actuación de los centros docentes y su profesorado, lo equipara con una objeción de conciencia, que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y otras leyes como la de violencia de género, etc. Sé que mi sutileza para buscar las vueltas y las interpretaciones extrañas a los textos legales, como tan a menudo se hace, es muy limitada, pero sé leer y leo.

La Constitución Española dice en su artículo 27, puntos 1, 2 y 3:

1.   Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2.   La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El artículo 10.2 de la Constitución dice:

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Así pues, conviene ir a esas fuentes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, dice en su artículo 26.3:

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de la ONU, estipula en su artículo 18.4:

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su artículo 13.3 establece:

3. Los Estados Partes del siguiente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE dispone, en su artículo 14.3:

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios democráticos, así como del derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

A la vista de esto, parece meridianamente claro que tanto la Constitución española como los diferentes tratados de la ONU y de UE que tratan este asunto, dan como prioritario el derecho de los padres a elegir la formación ética y religiosa que quieren dar a sus hijos. Por supuesto que hay quien se pueda agarrar para negar esta evidencia, como a un clavo ardiendo, a tres párrafos que pueden leerse en estas fuentes legales. El primero es el punto 2 del artículo 27 de la Constitución:

2.     La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

El segundo es el párrafo que a continuación señalo en negrita del punto 3 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU:

3. Los Estados Partes del siguiente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Así como del también señalado con negrita en el punto 3 del artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE:

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios democráticos, así como del derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

El gobierno izquierdista actual se agarra, efectivamente, como a un clavo ardiendo, a estas frases que lee de forma tergiversada y fuera de contexto. Es cierto que las leyes de adoctrinamiento se han elaborado según las normas democráticas, pero el punto citado de la Constitución española y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE se refiere a que el contenido de la enseñanza respete los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pretender que el hecho de que unos padres no quieran que a sus hijos se les adoctrine en una ideología de género que, a todas luces va contra sus convicciones morales y religiosas, implica que éstos no respetan los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, es una burda manipulación. Por otro lado, la educación en materia de ideología de género puede estar, según la letra de la ley, dentro de las exigencias mínimas prescritas y aprobadas por el Estado en materia de enseñanza en sus planes de educación, pero está en flagrante contradicción con la libertad educativa garantizada por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por España. Que unos padres no quieran que su hijo sea adoctrinado en la ideología de género no implica, ni siquiera muy remotamente, que no fomenten el respeto a la diversidad de cualquier tipo y, muchísimo menos, que inciten al odio y la violencia hacia el que es distinto. Pretender agarrarse a esto para actuar jurídicamente contra el pin parental, cuyo derecho está tan explícitamente expresado en todos los cuerpos legales, es, sencillamente, ridículo. Pero, precisamente por eso, este gobierno, para aplastar las libertades individuales bajo el peso de un estado opresor, necesita imperiosamente someter al poder judicial. Ya ha empezado por la Fiscalía General de Estado. Veremos cuál es el siguiente paso.

Así pues, cierto, los hijos no pertenecen a los padres. Por supuesto, mucho menos al estado. Pero los padres sí son los que tienen el derecho a elegir la formación de sus hijos en las materias que no son cuestiones incontrovertibles, siempre que no inciten al odio ni a ningún tipo de discriminación. Sería algo aberrante presumir que por no querer para sus hijos la educación en ideología de género se concluyese que les incitan al odio al que es distinto.

El mes pasado empecé a leer un libro de Schopenhauer con el título de “El arte de tener razón”. En él se exponen 38 estratagemas para llevarse la razón en una discusión de cualquier tipo. Las llama así, estratagemas, porque deja claro que no son estrategias para defender la verdad, sino para llevarse la razón. De hecho, el traductor distingue entre el término alemán Recht haben, que traduce por tener razón, en el sentido de haber mostrado la veracidad de los postulados, y el término Recht behalten que traduce por llevarse la razón, en el sentido de triunfar en la discusión, aunque sea contra lo que es verdadero. Schopenhauer no pretende dar argumentos para tener razón, sino para llevársela. En sus intenciones explica, sin tomar partido, que lo mismo puede servir para el éxito del sofista que para el desenmascaramiento de éste por parte del que busca la verdad. Es en este sentido en el que yo voy a usar uno de ellos. El libro que empieza prometiendo un gran interés, pero a partir de la cuarta o quinta estratagema, se pierde en aspectos más anecdóticos que importantes. Por eso abandoné su lectura. Sin embargo, en las primeras estratagemas, explica claramente, la seguida por la ministra Celaá. Se trata de poner en boca del oponente una tesis falsa –en este caso sería “los hijos pertenecen a los padres”– para dar como verdadera una tesis contradictoria con la primera que es, también, falsa. En este caso sería: “Por lo tanto, el estado tiene derecho a definir todos los aspectos de la educación de los hijos, incluso los ideológicos o los falsos y contraproducentes”. Por tanto, no nos dejemos envolver en esa dialéctica. No, los hijos no pertenecen a los padres, pero mientras sean menores, el derecho a elegir su formación en todos los aspectos morales y religiosos les pertenece plenamente, por supuesto, siempre que no les eduquen en el odio y la violencia. Y si las leyes aprobadas, aunque lo sean democráticamente, van contra este derecho de los padres, que es natural y está, además, reflejado en todos los cuerpos de derecho positivo, la iniciativa legal debe ser de los padres para defender ese derecho y pedir la nulidad de esas leyes. No es una cuestión baladí. Este tema es una piedra de toque. Lo que se defiende con él es, nada menos, la LIBERTAD PERSONAL, frente al estado totalitario. Vivir en un estado apisonadora o ser ciudadanos libres depende de que seamos capaces de enfrentarnos con ese estado al principio. Luego, puede ser tarde. El momento es AHORA.

Por eso piso que se firme la siguiente petición:

http://www.citizengo.org/hazteoir/fm/176556-frente-totalitarios-libertad-pin-parental-ya?utm_source=wa&utm_medium=social&utm_content=typage